CONFLICTO EN COLOMBIA

ACTIVIDAD: GRADO NOVENO

Leer y sacar solo lo puntual en el cuaderno

La historia de Colombia en los últimos sesenta años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia.  

En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República (S.XIX) hasta el día de hoy.

Periodo La Violencia: En el S.XIX el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero, se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada; mientras que el segundo, se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles: 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que se conoce como el periodo de la violencia.  

El Bogotazo:  A inicios del siglo XX los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país (inflación e impacto de las crisis económicas ocasionadas por la Segunda Guerra Mundial) fomentó los procesos de radicalización de los movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá conocida como el Bogotazo (1948) que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos violentos: incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios.  

Frente Nacional :En 1956 el partido conservador y el partido liberal firmaron el Pacto de Benidorm, en España. Un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia hasta el año 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores: el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) y Alianza Nacional Popular (ANAPO).

ORIGEN DEL CONFLICTO EN COLOMBIA

Entre 1974 y 1990 la historia de Colombia se encuentra marcada por varias reformas constitucionales que, a pesar de presentar algunos avances, mantendría serias deficiencias sociales de carácter estructural. Entre ellas destaca la promulgación de una reforma agraria con el objetivo de permitir el acceso a las tierras. En 1978 la represión política y armada ejercida bajo la legislatura del Presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) del Partido Liberal fue conocida por la promulgación del controvertido Estatuto de Seguridad bajo el objetivo de apaciguar las revueltas sociales que desencadenó numerosas violaciones a los derechos humanos. En paralelo, a lo largo de la década de 1970 se realizaron cambios drásticos en política económica: se redujo la intervención estatal dando lugar a los procesos de liberalización económica. El resultado fue el deterioro de la estructura social, el aumento de las tasas de interés, aumento de la especulación y la concentración empresarial.  

Surgimiento de las guerrillas contemporáneas El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX, se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP),  el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19). Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar reflejo de toda la gama de líneas en la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar. En los primeros años los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social.  

a) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) 

Las FARC-EP se formó en 1964 como un grupo de autodefensa campesina, de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. Los orígenes de este grupo tiene lugar en la primera conferencia del Bloque Sur. Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, integró las filas de las autodefensas campesinas liberales en la década de 1950, en un territorio del corregimiento de Gaitania (Departamento del Tolima) denominado República de Marquetalia. El objetivo fue crear la guerrilla para representar a la población rural y para constituir un gobierno que se dedicara a la redistribución del bienestar. En 1982, en la VII Conferencia en la región del Guayabero (Meta) la guerrilla decidió añadir "Ejército del Pueblo (FARC-EP)" al nombre y aclaran la concepción operacional táctica y estratégica.

A nivel geográfico este grupo armado ha sido más extenso en las regiones sudorientales de la selva y en las llanuras de la base de la Cordillera de los Andes. En el año 2000 el movimiento controlaba casi el 40 por ciento del territorio colombiano, con cerca de 12.000 combatientes y en 2007 con 18.000 según las declaraciones de la organización. En el año 2008, Tirofijo murió a causa de un infarto cardíaco y dejó en el mandato a Alfonso Cano quien falleció en manos del Ejército en 2011. Actualmente Rodrigo Lodoño Echeverri, conocido como Timochenko dirige el movimiento y cuenta con cerca de 8.000 integrantes. 

b) Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) 

El ELN nace en 1965 influenciada por la Revolución Cubana (1959) y la Teología de la Liberación. Junto con las FARC-EP conforman el denominado foco insurreccional. Históricamente, el surgimiento de este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases a través de la violencia. Ese proceso se entrelaza con la necesidad de sobrevivencia y la convicción de la imposibilidad de darle una salida por medio de otras vías a la situación que vive el país.  En la actualidad el jefe del ELN es Nicolás Rodríguez Bautista alias “Gabino” y dispone de cerca de 3.000 combatientes y la base ideológica es marxista-leninista. El ELN ha tenido presencia mayoritariamente en la zona del Catatumbo, en la zona Norte de Santander, el sur del Departamento de Bolívar, los departamentos de Arauca, Cesar, Antioquia, Cauca, Nariño, el Chocó y Valle del Cauca. El objetivo principal de este grupo armado es la incidencia sobre poderes locales y regionales; portadores de la propuesta de "doble poder" recogida de la experiencia en El Salvador. El ELN nace con la influencia de la Revolución Cubana y otras luchas de tipo nacionalista.  

c) Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL) 

El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituye en 1966 y a diferencia de los anteriores su ideología es marxista-leninista-maoísta vinculado al Partido Comunista. Este grupo pasó por un proceso de desmovilización de 2.000 combatientes en 1991. En la actualidad opera una pequeña disidencia denominada Frente Libardo Mora Toro en el Norte de Santander.  

d) Movimiento 19 de Abril (M-19)  El M-19 entra en escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, discurso democratizador y porque se autodefinían como un movimiento antioligárquico, antiimperialista, de unidad y con una propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude electoral en 1970. Algunos de sus líderes principales habían combatido previamente en las FARC-EP y se convirtieron en fuerza política (Alianza Democrática M-19) después de la firma del acuerdo de Corinto en 1984, de un acuerdo de paz en 1990 y del proceso de desmovilización acordado en 1989 que dio como fruto una nueva Constitución en 1991. En este año se desmovilizaron también el EPL, Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL).  

Paramilitarismo  Son grupos de extrema derecha, que se multiplicaron en la década de 1980 y tienen su origen en la promulgación de la Ley 48 de 1968 a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales. En la década de los ochenta, el ingreso en escena de los narcotraficantes volvió aún más complejo el conflicto con las guerrillas. Los traficantes empezaron a invertir sus extraordinarias ganancias en propiedades rurales, por lo cual se convirtieron en blancos de extorsión. Los paramilitares se extendieron gracias al apoyo de ricos hacendados y pequeños industriales. Un evento que marcó de forma decisiva la conformación del paramilitarismo en estos años fue el secuestro por parte del M-19 de Martha Nieves Ochoa, familiar de miembros del cártel de Medellín.  

En los años noventa se creó el grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que unió a diversos grupos paramilitares. La AUC se disolvió entre 2003 y 2006 en un proceso de desmovilización emprendido por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005) impulsada por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En los primeros dos años se desmovilizaron 23 grupos en los cuales participaban cerca de 14.000 personas. No obstante, algunas facciones no adscritas al proceso de desmovilización han formado lo que hoy se conoce como las BACRIM o bandas criminales.  

Fuerzas de seguridad  Estos organismos iniciaron la lucha contra de los grupos insurgentes con la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional que tenía como objetivo la erradicación de la amenaza comunista a través de la creación de cuerpos de seguridad antiterroristas y de asistencia para el desarrollo. En los últimos años, las fuerzas de seguridad han pasado por un proceso de reestructuración y modernización a través de programas como el Plan Colombia que ha contado con el apoyo de Estados Unidos y que ha tenido como objetivo reafirmar el Estado de Derecho y acotar la red de narcotráfico y tráfico de armas que alimenta la violencia guerrillera y de otras organizaciones armadas. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ha investigado más de 3.500 casos de ejecuciones ilegales presuntamente perpetradas por 785 miembros del Ejército (soldados de bajo rango y suboficiales) entre 2002 y 2008.  

Narcotráfico  En la década de 1990, Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca del planeta. Según Rafael Pardo en su libro "La historia de las guerras", entre 1975 y 1995 la estructura del negocio era sencilla. Bolivia y Perú producían el 90 por ciento de la hoja de coca y de la pasta y base de coca, ésta se transportaba en pequeños aviones a las selvas colombianas donde se refinaban el 90 por ciento de la cocaína del mundo, la cual se vendía a Estados Unidos. Esta estructura se volvió más compleja cuando los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador decidieron controlar las fronteras. Sin embargo, en el momento en que en Perú y Bolivia apareció un hongo que acabó con el área cultivada, Colombia pasó a controlar también el cultivo. Las FARC-EP acogieron gran parte de las hectáreas de cultivo, lo que provocó que su capacidad militar también se incrementara y pasó a controlar 150 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca localizados en dos millones de hectáreas de selva en el sur del país.  

La participación de las FARC-EP en el narcotráfico tiene que ver con el proceso de producción de este narcótico. La guerrilla se financia del cobro por seguridad a los cultivos ilícitos, del impuesto a laboratorios ("impuesto de gramaje") y del uso de pistas clandestinas. Por lo tanto, en medio del conflicto armado, el narcotráfico ha servido como medio de financiación tanto para las guerrillas como para las autodefensas.  

El crimen organizado  Las redes de criminalidad dedican mayoritariamente al tráfico de drogas y de armas. En los años setenta y ochenta, los cárteles de droga se concentraron principalmente en las ciudades, siendo los más conocidos el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Estos dos fueron desmantelados durante los años noventa después de haber sido el blanco de extensivas intervenciones por la policía colombiana. El cártel de Medellín fue desmantelado y el de Cali encarcelado, lo que constituyó un logro para las autoridades. No obstante, según el reporte "Cuatro décadas de Guerra contra las drogas ilícitas: un balance costo-beneficio" del Ministerio de Relaciones Exteriores, se registró un aumento considerable del cultivo de coca después de este periodo. Tras la desaparición de los cárteles nuevas agrupaciones han surgido y se ha observado un desplazamiento de las actividades de éstas hacia Centroamérica y México. Los cárteles de crimen organizado mantienen nexos con los paramilitares y con las guerrillas. Aunque las drogas no eran propiamente un factor de guerra, lo fueron cuando los involucrados en el narcotráfico decidieron retar al Estado para cambiar sus leyes, en particular, el tratado de extradición con los Estados Unidos.  

Víctimas  El informe ¡Basta Ya!del Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013 señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de asesinatos 150.000. De esta última cifra el 38,4 por ciento fue responsabilidad de los paramilitares, el 16,8 por ciento de la guerrilla y el 10,1 por ciento de la Fuerza Pública (Centro de Memoria Histórica, 2013).  

En la misma línea, el anuario de procesos de paz 2015 de la Escuela de Cultura de Paz apunta que en 40 años de conflicto interno hubo 39.000 colombianos que fueron víctimas de secuestro, con una tasa de impunidad del 92 por ciento. Un 37 por ciento de los secuestros fueron atribuidos a las FARC-EP y un 30 por ciento al ELN. El anuario reporta que según el Uppsala Conflict Data Programme (UCDP) se registra un mínimo de 1.000 muertos anuales relacionados con el combate (Escuela de Cultura de Paz, 2015).  

Por otro lado, la organización ACNUR sostiene que desde 1997 se han producido 3,9 millones de desplazamientos forzosos en Colombia (ACNUR, 2013). La sociedad civil ha resultado afectada en su mayoría por el conflicto armado y desde hace muchos años realiza protestas en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto. Las comunidades de mujeres, afrodescendientes e indígenas, entre otros, representan un papel crucial en las demandas ciudadanas, desde 1998 (el año en el que se creó el Consejo Nacional de Paz) aportan en el diálogo de paz, dirigiendo sus peticiones tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares y al gobierno.  

En cuanto al número de personas desplazadas el informe ¡Basta Ya! reporta 5,7 millones de víctimas entre 1985 y 2012 (Centro de Memoria Histórica, 2013). En 2011, el presidente Santos aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que incluía la restitución de millones de acres a personas desplazadas y la recompensa financiera para víctimas de violaciones de los derechos humanos. Según este proceso está ralentizado por los grupos sucesores de los paramilitares, quienes continúan creciendo, cometiendo atrocidades generalizadas y manteniendo extensos vínculos con los miembros de las fuerzas de seguridad pública y los grupos políticos locales

1.2. Internacionalización del conflicto  

El proceso de internacionalización del conflicto en Colombia se ha dado tanto por parte del Estado colombiano como de los grupos insurgentes. Mientras que el Estado se concentró en la búsqueda de legitimidad y asistencia militar de otros Estados, las FARC-EP optaron la internacionalización del conflicto colombiano como ‘diplomacia paralela', una estrategia adoptada por la guerrilla en la década de 1990 para copar espacios dejados por el Estado colombiano. En términos generales estos dos actores del conflicto han buscado dos tipos de cooperación internacional: en primer lugar, apoyo político y reconocimiento exterior; y, en segundo lugar, apoyo militar y logístico.  

La internacionalización del conflicto también se debe entender a partir del contagio o de los daños y efectos colaterales que produce un conflicto armado en la región y a nivel internacional. Es decir, el proceso a través del cual un fenómeno trasciende sus propias fronteras con violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y crímenes transnacionales tales como: narcotráfico, tráfico ilícito de armas y personas, por citar algunos ejemplos. Uno de los mayores hitos en la internacionalización del conflicto se podría marcar durante el gobierno de Andrés Pastrana durante el cual se apostó por involucrar a la comunidad internacional y, en concreto Estados Unidos, mediante la creación del Plan Colombia. Un proyecto cuya prioridad era la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento del Estado (Borda y Cepeda, 2012). Durante estos años, la ayuda de Estados Unidos a Colombia fue clave para forzar el repliegue de las FARC-EP. Como resultado de esta confrontación armada, la presencia de las facciones de las FARC-EP se fue desplazando hacia las fronteras, especialmente hacia Ecuador y Venezuela, fomentando de esta manera la internacionalización del conflicto.  

Por otro lado, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se tomó la decisión de negar la existencia de un conflicto armado. Esta estrategia complicó la aplicación del derecho internacional humanitario, la aplicación de algunos mecanismos en términos de cooperación al desarrollo, debilitó las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador. Según el Observatorio de Política Exterior Colombiana, la ambigüedad del Estado a la hora de calificar a los grupos armados y de establecer su vínculo con el narcotráfico ha dificultado la posición de la Comunidad Internacional frente al conflicto en ciertas instancias. A modo de ejemplo, si al inicio del gobierno  de Pastrana se diferenciaba al grupo armado del tráfico de narcóticos, al final  del mandato para el Presidente Pastrana, ambos actores eran considerados uno solo.  

Por otro lado, la posición de Estados Unidos y de la Unión Europea ha sido tradicionalmente dispar. En 2002 la Unión Europea decidió incluir a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas y en 2004 al ELN. Este acto confirmó que la guerra contra el terrorismo había causado un efecto en Europa. El bloque ha adoptado posturas conjuntas, como por ejemplo con la ley de Justicia y Paz para la desmovilización (individual o colectiva) de paramilitares (ley 795/2005), pero en paralelo Francia ha jugado un rol individual sobre todo por el intercambio humanitario y la liberación de la candidata presidencial Ingrid Betancourt en 2008.  

En el contexto regional, las posiciones de los países vecinos pueden clasificarse en tres grupos: primero aquellos que consideran abiertamente a los movimientos subversivos como agrupaciones beligerantes (Venezuela); segundo, aquellos países que los catalogan como un grupo terrorista (Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Costa Rica, Honduras, entre otros); y tercero, los que condenan sus acciones violentas y exigen la liberación de los secuestrados, pero prefieren abstenerse de calificarlos (Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, México, por citar algunos).  

En los últimos años el presidente Juan Manuel Santos ha sabido mostrar la importancia de Colombia al mundo a través de mecanismos de cooperación, intensificación y el redirección de las relaciones entre países, el fortalecimiento de las políticas de desarrollo fronterizo y la inserción del país a nuevos mercados a través de Tratados de Libre Comercio (TLC). Además, el Presidente Santos ha mostrado liderazgo en las discusiones sobre el cambio de perspectiva en la lucha contra las drogas sobre todo a nivel regional. De esta manera Colombia ha intentado demostrar el fortalecimiento  de sus relaciones exteriores mediante estrategias que buscan mejorar el desarrollo económico y social, y la construcción de una política exterior eficiente y creíble.  

Los Estados Unidos  Los Estados Unidos han jugado un papel central en el desarrollo del conflicto en Colombia. En 1999 el Presidente Bill Clinton, en alianza con su homólogo Andrés Pastrana, crearon un programa de colaboración militar antinarcótico dentro del cual se diseñó el Plan Colombia, que consistía en la creación de unidades militares fuertes y entrenadas para tomar el control de las zonas cocaleras y proteger a la Policía en sus labores de erradicación de cultivos. El control de estas zonas se convirtió en prioritario, pero la Policía Antinarcóticos no tenía capacidad plena para enfrentar a las guerrillas, que protegían esas áreas, por lo que se hizo necesaria la participación del Ejército.  

En febrero de 2016, el Plan Colombia fue renovado, entre otras cosas por los nuevos retos que el avance en los diálogos de paz entre las FARC–EP y el Gobierno Nacional planteaban. Así, durante la celebración de los 15 años del Plan Colombia, el presidente Barack Obama anunció el inicio del nuevo Plan “Paz Colombia”, confirmándose como uno de los principales socios para la paz en el país. El monto total consistiría en un primer desembolso de 450 millones de dólares en 2017 con destino directo al presupuesto nacional colombiano. Los 450 millones de dólares (de los cuales 390 millones son administrados por el Departamento de Estado y 60 millones por el Departamento de Defensa estadounidenses) estarían invertidos en cuatro áreas principales: seguridad y antinarcóticos, desarrollo rural, víctimas y justicia, y desminado.  

En junio de 2016 fueron aprobados por el Senado los 390 millones que serían administrados por el Departamento de Estado. Sin embargo, el Senado estipuló que se daría la dotación de este monto siempre y cuando, antes de ser entregados los fondos el Secretario de Estado,  se pueda certificar que: 

-        El Tribunal creado en los Acuerdos de Paz para juzgar las violaciones de derechos humanos, sea independiente y cuente con las facultades para imponer sanciones y penas privativas, acciones de reparación y garantías de no repetición.

-        Que los militares responsables de ornar, cometer o encubrir los falsos positivos esté siendo investigados, sancionados y retirados de sus cargos.

-        La entrega de los Fondos constituye una prioridad para los intereses en seguridad nacional de los Estados Unidos.  

De manera paralela, la ayuda para Colombia hace trámite en la Cámara de Representantes, en donde se han diferenciado el monto dirigido al combate del narcotráfico y el terrorismo (300 millones de dólares), y los fondos destinados al posconflicto (191 millones de dólares). Así, el monto total debe alcanzar unos  491 millones de dólares, 50 millones más de lo pedido por Colombia y lo estipulado en el proyecto original presentado por el Presidente Obama (450 millones).  

El proyecto en su totalidad tenía que ser aprobado por el Subcomité de Operaciones en el Extranjero, el Comité de Apropiaciones, y por Plenaria en el Congreso. Sin embargo con la llegada de Donald Trump a la Presidencia del país cooperante, la ayuda queda supeditada a los nuevos lineamentos de la administración. Sus asesores expresaron en múltiples ocasiones la necesidad de hacer una revisión de lo acordado con las FARC-EP  para definir si apoyaban o no los procesos de implementación, sin embargo, la última palabra sobre el apoyo al proceso de paz como tema prioritario para Estados Unidos estuvo en el Congreso de Estados Unidos, con quien se movilizan continuamente esfuerzos de diálogo y diplomacia.  

Finalmente el 9 de mayo de 2017, El Congreso aprobó una partida de 450 millones de dólares para la iniciativa de paz en Colombia, ratificando las buenas relaciones con el país.

El Plan Colombia ha visto muchas críticas por su ineficacia y su impacto negativo sobre la salud humana, los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, gracias a esta estrategia se le han otorgado a Colombia aproximadamente US$9.600 millones en apoyos centrados en la reducción de las hectáreas de cultivos de coca para debilitar las finanzas y capacidad operacional de los grupos armados ilegales (DNP, febrero 2016).  

Del monto invertido, cerca del 71% ha beneficiado a las Fuerzas Armadas y la Policía. El restante 29% apoyó proyectos productivos en el campo, atención a la población desplazada, fortalecimiento de unidades de la Fiscalía y del sistema de justicia, reintegración de excombatientes, y las unidades de víctimas y de restitución de tierras. De acuerdo al director del Departamento de Planeación Nacional, de cada 10 Dólares 7 fueron invertidos en componentes militares (85% en la lucha contra el narcotráfico) y 3 en desarrollo económico y social.  

El conflicto armado de Colombia visto desde una perspectiva regional  Uno de los factores a tener en cuenta al analizar el conflicto colombiano es el rol que han adoptado los países vecinos. El fenómeno que los expertos han catalogado como el “derrame” del conflicto colombiano en la región ha hecho de éste un problema de seguridad regional en el que, aunque unos países tengan mayor participación que otros, todos tienen algo que decir.  

Los estados de Venezuela y Ecuador, y en menor medida Brasil y Perú, han sido los más afectados por este “derrame”, y por lo tanto han sido quienes han cumplido roles más activos tanto en el transcurso del conflicto como en los procesos de negociación con las guerrillas.  Parece paradójico que al ser los más afectados, son también con quienes más dificultades se han tenido en términos políticos y diplomáticos debido a su ambigüedad frente a la posición y apoyo a los grupos guerrilleros y a su oposición a la intervención de Estados Unidos en las políticas de seguridad de la región y de Colombia específicamente.  

Con Venezuela las relaciones diplomáticas se empezaron a deteriorar a partir del año 2004, cuando el gobierno colombiano inició la denuncia internacional de la presencia de guerrilleros de las FARC-EP en territorio venezolano. Durante todo el gobierno de Uribe las tensiones diplomáticas fueron evidentes e incluso  las disputas llegaron a instancias internacionales. Con la llegada de Juan Manuel Santos al poder en 2010 se normalizaron las relaciones. Sin embargo, desde que Maduro asumió la presidencia de Venezuela, la diplomacia entre los dos países se ha vuelto discursivamente reactiva y llena de altibajos. Aun así, el apoyo del gobierno venezolano al proceso de paz ha sido expresado desde sus inicios.  

Por otro lado, con Ecuador las relaciones fueron amistosas y de apoyo en las políticas de seguridad y defensa de Colombia en contra de las FARC- EP y el ELN, hasta que Rafael Correa asumió la presidencia (2007). Entonces, iniciaron una serie de tensiones debido a la declaración de neutralidad del gobierno ecuatoriano frente a la lucha contra las guerrillas en Colombia, rehusándose a declarar a la guerrillera como terrorista o beligerantes, y absteniéndose de participar en operaciones conjuntas con Colombia.  

Estas tensiones fueron detonadas por hechos como la incursión de aviones de fumigación con glifosato a territorio ecuatoriano, en el marco del Plan Colombia; y la incursión militar en territorio ecuatoriano en persecución de miembros de las FARC-EP, en el marco de la “Operación Fénix”,  que terminó en el bombardeo al campamento en el que se encontraba Raúl Reyes. Ambos hechos resultaron en la retirada del cuerpo diplomático de cada uno de los países y acciones ante instancias internacionales, la primera con una demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Internacional de Justicia (Aspersiones aéreas con herbicida); y la segunda con la presentación del caso ante la OEA y la CAN por violación de soberanía nacional de parte de Colombia. La llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia también significó la recomposición de las relaciones con Ecuador.  

Tanto Venezuela como Ecuador han sido aliados clave en la resolución del conflicto armado colombiano debido no solo a su cercanía geográfica, sino también a su afinidad ideológica con los grupos guerrilleros colombianos, facilitando los acercamientos, la construcción de confianza entre las partes y la mediación. De hecho Venezuela fue garante del proceso de paz con las FARC - EP, y Ecuador lo es actualmente en el proceso con el ELN que se llevaba cabo en Quito. Aparte de la turbulencia política que se haya podido tener con estos dos países todos los países de la región han expresado en múltiples ocasiones, tanto a nivel personal como miembros parte de organismos multilaterales (CELAC, OEA, CAN, etc.) su apoyo al proceso de paz y el beneficio que esto implica para la estabilización de la región.