RESUMEN DIÁLOGOS DE PAZ EN COLOMBIA

ACTIVIDAD

1-      Leer la guía

2-      Que han significado los procesos de paz para la sociedad colombiana?

3-      Con que presidentes y que grupos buscaron acuerdos de paz?

4-      Escriba las razones porque los procesos de paz no han prosperado

5-      Plantee estrategias para una paz duradera en la sociedad colombiana.

LOS PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA

La importancia de un proceso de paz no reside solamente en el resultado que se alcanzará al final sino en cómo este se lleva a cabo y en lo que se aprende durante su transcurso. En cierto sentido, la paz no es algo que podamos negociar o que debamos alcanzar, sino un estado, individual o colectivo, que nos permite comprender las experiencias, reparar y perdonar el daño, alcanzar la convivencia pacífica, ver los conflictos con otros ojos y, en últimas, crecer juntos como personas y como sociedad. De ahí la importancia vital de hacer parte activa en el proceso de paz y no delegar la responsabilidad únicamente a las partes negociadoras, pues la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto.

1982 a 1986

El primer intento se dio en el gobierno de Belisario Betancourt en la Uribe, Meta. En este proceso de diálogo participaron las FARC-EP, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Autodefensa Obrera (ADO) (Verdadabierta.com, 2012). Allí las partes negociaron al margen de las fuerzas armadas y acordaron un cese bilateral al fuego y la creación de la Unión Patriótica como partido político para que los excombatientes y movimientos políticos, sociales y culturales que no se identificaban con el bipartidismo pudieran desarrollar su plataforma política. Sin embargo, las fuerzas armadas no apoyaron los diálogos y fue muy difícil sostener el cese bilateral del fuego debido a la desconfianza y al incumplimiento, como consecuencia de la discordia y las acusaciones entre las dos partes. Además, nunca hubo garantías de seguridad para los miembros del recién constituido partido, quienes en su amplia mayoría fueron asesinados por fuerzas estatales y paraestatales.

En contraste, en 1985 el M-19 protagoniza con el Ejército Nacional una de las confrontaciones armadas más dramáticas en la historia del país: la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuyo trágicos hechos fueron aprovechados, tanto por los sectores radicales de ultra derecha para criticar los procesos de paz con las guerrillas, deslegitimando sus demandas políticas y promoviendo de esta manera la salida militar, como por los grupos guerrilleros, que encontraron en la retoma una expresión de la crudeza de la Fuerzas Armadas.

Estos años de conversaciones, treguas, acuerdos y de procesos de paz adelantados con los diferentes grupos guerrilleros llegaron a su fin hacia la segunda mitad de la década de los ochentas. Esto se detonó por: los incumplimientos a lo pactado entre las partes, la falta de garantías para ejercer la oposición, los ataques a la población civil y el accionar de los grupos paramilitares. Las FARC-EP tuvo una de las cuotas más sangrientas, pues la Unión Patriótica padeció una aniquilación en manos los sectores radicales de ultra derecha, aliados con las élites nacionales y ante la pasividad de la sociedad civil que fue testigo del asesinato de cerca de 4.000 militantes y simpatizantes de este partido político. Esto generó en las FARC una profunda desconfianza hacia el establecimiento, acompañada de una radicalización en el plano militar

FAVORABLE

El gobierno reconoció a las FARC-EP y a otras fuerzas guerrilleras como actores políticos.

Se entendió que Colombia requería un proceso de apertura democrática.

Creación de la Unión Patriótica como representación legal de los intereses políticos de las FARC y participación política en la disputa democrática por el poder.

DESFAVORABLE

No hubo un proyecto definido, ni cronogramas o fechas límite.

Poca o escasa difusión y apropiación social de los acuerdos.

Demasiados actores sociales

Genocidio de la unión Patriótica, desprotección del Estado y radicalización de las FARC.

 1991 a 1992

 El segundo intento se da en 1991 durante el gobierno de César Gaviria, en Caracas (Venezuela), y luego en Tlaxcala (México), en 1992, esta vez sin cese de operaciones militares. En 1991, al convocarse la Asamblea Nacional Constituyente, hubo pactos de paz definitivos con el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) (Villarraga, 2011). No obstante, los diálogos se rompieron debido a secuestros y acciones militares realizadas por el ELN y el EPL, lo cual fue considerado como inaceptable por parte del Gobierno, luego de la presión de los medios de comunicación.

FAVORABLE

-La negociación hizo que en un principio la participación de externos o la opinión pública fuera muy limitada- tanto así que se esperaba que el trámite de las reformas se produjera vía reforma política en el Congreso- sin embargo, las condiciones obligaron a que en segunda fase, la ciudadanía movilizara su apoyo al proceso por medio de la aprobación de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

-Fue el primer proceso de paz que tuvo como desenlace la desmovilización y dejación de armas de manera voluntaria por parte de la guerrilla, entendida no como una rendición, sino como un cambio en su proyecto político.

-Se abrieron nuevos espacios de participación democrática que se consumaron en la Constitución Política de 1991

-La mayoría de sus dirigentes paso hacia la actividad política. La Alianza democrática no se consolidó como fuerza política pero sus militantes tienen una importancia significativa en la vida pública del país (Gustavo Petro, Antonio Navarro, Vera Grave, entre otros)

DESFAVORABLE

-El proceso de paz con M19 contribuyó al fin de la guerra, debido a que no hubo la posibilidad de consolidar una política de paz que permitiera integrar otras guerrillas al proceso

 –El Estado colombiano no ofreció las garantías necesarias para la protección de los desmovilizados. El homicidio de Carlos Pizarro dejó en evidencia los riesgos que tenían que asumir los ex combatientes

El Movimiento Armado Quintín Lame-MAQL fue una guerrilla indigenista originada en el Cauca que aparece públicamente el 5 de enero de 1985 con la toma de la población de Santander de Quilichao. Surge de la mano de distintas organizaciones indígenas que tenían como propósito la recuperación de tierras usurpadas por las clases dirigentes con la anuencia de las autoridades y como forma de autodefensa ante las agresiones, tanto de la Fuerza Pública como de las organizaciones insurgentes a la población indígena

Finalmente, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) nació en 1982 a partir de una facción marxista-leninista del Partido Comunista, sus raíces se remontan a la gama de diversos movimientos de orientación maoísta en torno al Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML), que formaron parte de la nueva izquierda latinoamericana, caracterizada por su crítica a los comunistas tradicionales (partidos y grupos armados).

. La mejor expresión de este principio fue una estricta política de abstención en cualquier tipo de elecciones. La desmovilización de los miembros del PRT dio como resultado que se convirtiera en un partido y así pudo participar en la Asamblea Constituyente de 1991 e incluso algunos de sus militantes se integraron a la Alianza Democrática M-19.

FAVORABLE

-Participación política

-Garantías jurídicas

-Reintegración social

-Participación Política en la Constituyente de 1991

-Reconocimiento de la identidad indígena de MAQL y visibilización de los indígenas el aporte a la perspectiva multicultural de la Constitución de 1991

-Condiciones de reinserción

DESFAVORABLE

Afectación de los territorios y de la población, problemática humanitaria

-No cumplimiento del programa con las víctimas.

-Asesinato de ex combatientes

-Cooptación de ex combatientes por otros grupos ilegales.

-Los MAQL. Los indígenas siguen siendo minoría vulnerable

1998 a 2002

 El tercer intento fue entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP, en San Vicente del Caguán, Caquetá. Allí se decidió despejar un territorio para que se pudieran realizar las negociaciones con total tranquilidad. A pesar de esto, nunca hubo la suficiente confianza entre las partes y aunque el enfrentamiento militar había terminado en esa zona, en el resto del país el conflicto se escalaba debido al incremento de las acciones paramilitares y a los combates entre el ejército y la guerrilla. Todas estas dinámicas afectaron la negociación y terminaron por romperla.

2001 a 2006

Bajo las AUC se produce la mayor expansión paramilitar en la historia del país. Entre 1997 y 2001 diversos bloques llegaron a tener presencia activa en 223 municipios en el territorio nacional. El paramilitarismo tiene su mayor crecimiento militar, aumenta su influencia sobre los poderes políticos locales y regionales y hace efectivo el control territorial mediante la intimidación, la muerte y el destierro de la población civil. Algunas de las masacres más recordadas cometidas por este grupo fueron la de Mapiripán en Meta, El Aro en el norte de Antioquia, La Gabarra en Norte de Santander, El Salado en Bolívar, y Chengue en el departamento de Sucre.

Uno de los hechos más recordados en este proceso de establecimiento de alianzas entre políticos y paramilitares, que posteriormente se conocería como parapolítica, ocurrió el 23 de julio de 2001, cuando Salvatore Mancuso y otros importantes jefes paramilitares se reúnen con prestantes políticos entre los que se encontraban senadores, representantes a la cámara, gobernadores, alcaldes y concejales, con quienes firman el pacto de Ralito para “refundar la patria” (López, 2010).

El proceso de desmovilización, desarme y reinserción de las AUC se dio durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre 2003 y 2006. Varios jefes paramilitares han señalado en versiones libres que tras el triunfo del presidente Uribe y la puesta en marcha de la polémica política de Seguridad Democrática, su lucha dejó de tener razón de ser y era válido dejar a un lado las armas. Por esta razón más que un proceso de paz, las negociaciones con las AUC son un proceso de amnistía y sometimiento a la justicia de estos grupos para estatales (Revista Semana, 2004).

La agenda de este proceso giró alrededor del proceso de desmovilización, pues no hubo planteamientos respecto a reformas del Estado o determinadas políticas públicas. Ello se observa en el marco jurídico que se estableció para la negociación, la recordada Ley 975 de 2005 más conocida como ley de Justicia y Paz. Tras fuertes debates entre el gobierno, la oposición parlamentaria y organizaciones defensoras de derechos humanos, la ley fue aprobada con un par de artículos sobre jubileo y otorgamiento de estatus político a las paramilitares, situación que fue blanco de fuertes críticas. Además, en la ley se aceptaba la simple declaración de versiones libres como un medio para acceder a beneficios jurídicos, lo cual fue duramente criticado por organizaciones de víctimas que denunciaban la no obligatoriedad de la confesión de los crimines y delitos para acceder a los beneficios jurídicos.

Como garante de este proceso estuvo la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual el 19 de febrero de 2004 firmó un acuerdo con el gobierno para acompañar y verificar el cumplimiento de lo acordado por parte de las AUC. Este acompañamiento fue duramente cuestionado por sectores de la sociedad civil que señalaron la falta de rigurosidad y capacidad de sanción de la organización internacional para denunciar los incumplimientos de los bloques paramilitares

2012

El Gobierno de Juan Manuel Santos se sentó a la Mesa de Conversaciones con las FARC-EP con “la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera” Si bien estas negociaciones son el cuarto intento entre las FARC–EP y los gobiernos colombianos para terminar el conflicto armado, las tres oportunidades anteriores dejaron experiencias y lecciones que pueden explicar por qué actualmente las condiciones son diferentes

 El proceso no contempló despejes de territorio. Como parte de la actual negociación se estableció una metodología clara con una estructura de tres etapas (una fase Exploratoria que culminó en agosto de 2012 con la firma del Acuerdo general para la terminación del conflicto armado, una fase de Fin del conflicto que culminará con la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y que dará inicio a la tercera fase: la Construcción de paz).

 Las conversaciones se llevan a cabo fuera de Colombia (en La Habana, Cuba), siguen el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, y su duración no es ilimitada sino que está sujeta a la revisión de los avances cada cierto tiempo.

Esta vez se definió un rol más claro de la comunidad internacional en el proceso de paz y una ruta de participación de la sociedad civil colombiana. 19 Guía para Cuidadores de la Paz Además, ambas partes definieron una agenda sobre puntos concretos

1. Política de desarrollo agrario integral

 2. Participación política

 3. Fin del conflicto

 4. Solución al problema de las drogas ilícitas

 5. Víctimas

 6. Implementación, verificación y refrendación

"Punto 1. Contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. 

Punto 2. Contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. 

En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación. 

Punto 3. contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. 

Este punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

Punto 4. Contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. 

Punto 5. Contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

Punto 6. Contiene el acuerdo "Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar  la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos".

Páginas consultadas


http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20161025044636/Guia_para_cuidadores_de_la_paz.pdf

https://pares.com.co/2019/01/04/procesos-de-paz-en-colombia/

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_paz_entre_el_gobierno_de_Juan_Manuel_Santos_y_las_FARC